Con la inauguración de Expoagro, habló la comisión episcopal sojera de “Justicia y Paz” (sic)
Con fascinante celeridad, la Comisión Justicia y Paz ha
hablado hoy de la reforma del poder judicial. ¡A 5 días de que la presidenta
presentó el tema en la apertura de sesiones en el Congreso! ¡5 días! Mientras
esperamos que la susodicha comisión reconozca como crímenes de Lesa Humanidad
los de la dictadura, que reconozca la participación activa o por omisión de
tantos eclesiásticos, hoy nos “desayunamos” (en realidad “cenamos”) con tan
grato comunicado.
En lo personal no me queda claro si fue redactado por
Magnetto, por Durán Barba o por ambos. En la versión publicada por AICA no
aparecen firmantes.
Daría para responder a varias cuestiones allí planteadas.
Infelizmente planteadas. Señalo brevemente algunas:
·
Habla de la limitación, y de los controles sobre
los gobernantes y parece desconocer que la justicia también es gobierno. Y no
tiene controles, y no es limitada. Los jueces lo son “hasta que la muerte los
separe”;
·
Los profetas de la Comisión ya saben que la
propuesta gubernamental “va camino a formar bandos enfrentados e inconciliables”,
¿cómo lo saben?, ¿o es una expresión de deseos para seguir afirmando que el
Gobierno provoca “crispación”?
·
La referencia a los jubilados parece desconocer
los 2 aumentos anuales (y la coherencia con lo decidido por la justicia en este
tema). De paso, ¿para cuándo la declaración de la Comisión por el 13% que la Alianza
le quitó a los jubilados?
·
Que hay jueces ligados a la Dictadura es tan
evidente que ¡hoy mismo! fue separado el juez Hooft. Por no hablar de decenas
de casos conocidos. La eminente comisión –en nombre de la democracia- parece
desconocer la complicidad del menemismo, por ejemplo, con la dictadura y la
in-justicia.
·
Es verdad que la mayoría fueren elegidos por la
democracia, pero no por este gobierno (de la mayoría hablo).
·
Sobre la constitucionalidad o no de la elección
de los miembros del Consejo de la Magistratura sería bueno un análisis serio y
no un panfleto partidista opositor.
·
Que hasta la reforma del Consejo de la Magistratura
estaba funcionaba bien, parece bastante discutible y un nuevo “tiro por elevación”
al gobierno.
·
La idea de la mayor transparencia es deseable,
ya lo dicen. Como sería deseable que los empresarios sojeros (como el
presidente de la Comisión Justicia y Paz) digan qué pasa con la plata de las
cosechas, y por qué se oponen a la Junta Nacional de granos. Por no hablar de
los “sueldos” a obispos y otras cosas que también requerirían transparencia.
·
Afirman que es “lícito sospechar” que se busca
una justicia adicta. Extraordinaria sospecha. Nada tendenciosa, por cierto. O
quizás, lo hubieran sospechado de todos modos aunque no hubiera dicho nada la
presidenta. Oposición sistemática, lo llaman.
·
¿Qué tiene que ver el tema de la Justicia de la
C.A.B.A.?
·
Hasta a la propuesta de que los jueces paguen
impuestos le ponen un “pero”. Entre tácitos y explícitos hay demasiados “peros”
en el texto. ¿No?
·
Sobre el ingreso al poder judicial, ¿cuál es la
propuesta? Salvo que no debe ser nadie cercano al gobierno, no queda clara.
·
Y culmina defendiendo las cautelares. El imperio
de la injusticia reciente (desde La Nación y Clarín, los de Expoagro que “casualmente”
empezó hoy… ¿fue Serantes –gran empresario sojero y presidente de la eminente
Comisión- a esa reunión? hasta el predio de la Rural. ¿Alguna cautelar más que impida el ejercicio del gobierno quieren?
Pregunto… ¿No sería mejor que
sean más inteligentes y no sean tan obvios? ¡Cuánta velocidad –y oportunidad-
para algunas cosas, y qué patetismo y silencio (¿cómplice?) para otras, ¿no?
Eduardo de la Serna
Foto tomada de http://frases.name/frase-de-injusticia/
Texto completo de la declaración (según AICA)
1. El anuncio del Poder Ejecutivo de una serie de proyectos destinados a “democratizar la Justicia”, invita a una seria y serena reflexión acerca de los cambios que ciertamente necesita la administración de Justicia en la Argentina, y al mismo tiempo de los necesarios equilibrios que son condición indispensable para la vigencia de la forma republicana de gobierno adoptada por nuestra Constitución Nacional.
La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha elegido la República. En ella es esencial el equilibrio de los poderes, la eficacia de los controles sobre los gobernantes y la limitación de su acción, entre otros mecanismos por la periodicidad en el ejercicio de los cargos, y por el control que ejercen los jueces de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. En la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla.
El incipiente debate planteado, muestra ya una polarización, que va camino de formar bandos enfrentados e inconciliables. Los argentinos debemos aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, y no del “todo o nada”.
2. Una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias. Los conflictos que afectan a la mayor parte de la población, comenzando por los más pobres, se dirimen en tribunales provinciales. Pensando en los pobres y los más débiles, una de las metas que deberían tener los gobernantes es organizar una Justicia de menor cuantía, cercana y de bajo costo, a la que todos puedan tener acceso y que resuelva los litigios con celeridad y sencillez.
Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad. La lentitud de los procesos judiciales, afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado, como muestra de manera patente la situación de tantos jubilados que litigan infructuosamente contra un Estado insensible.
3. Después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales.
Si hay jueces que no están a la altura de las exigencias éticas y técnicas que sus cargos requieren (y es innegable que existen y son públicamente conocidos, perjudicando con su presencia a una mayoría de jueces probos y dedicados), son los poderes políticos los que deberían hacer alguna autocrítica por haberlos seleccionado o sostenido en los cargos, y en todo caso poner en funcionamiento, caso por caso, los mecanismos de remoción legalmente previstos.
4. Las presiones sobre los jueces y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes económicos, son inadmisibles, y en caso de ser comprobadas deben ser sancionadas aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso. Sin embargo, del mismo modo que se afirma con acierto que la violencia ejercida por el Estado es más grave que la ejercida por grupos armados no estatales, precisamente por el mayor poder que tiene el Estado y por su rol de garante de la legalidad, son aún más repudiables las presiones y condicionamientos ejercidos sobre los jueces por los poderes públicos, de modo abierto o subrepticio. La utilización del poder estatal, o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno, merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente simétricas ejercidas por privados.
5. La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional, y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias. La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria. Los poderes elegidos por voto popular directo (Congreso y Poder Ejecutivo) tienen ya un rol definido por la Constitución en el proceso de selección de jueces. El Consejo de la Magistratura había alcanzado un funcionamiento razonable hasta la última reforma legal que afectó su funcionamiento, precisamente por la mayor ingerencia política en su composición. Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia.
Antes que reformar el Consejo, lo que urge es que éste cumpla cabalmente sus funciones, convocando o acelerando los concursos a su cargo; y que el Poder Ejecutivo llene las decenas de vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos correspondientes estén terminados hace mucho. La subsistencia de demasiados jueces subrogantes, sin estabilidad y que dependen del Poder Ejecutivo para acceder definitivamente a su cargo, es una anomalía que no debe mantenerse.
6. Hay que saludar con beneplácito la idea de una mayor transparencia judicial. Los argentinos hemos visto con escándalo, el espectáculo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos conocidos. Sería deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se reactiven los organismos de control hoy paralizados, y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública.
7. La anunciada creación de nuevas instancias judiciales (cámaras de Casación), requiere una serena discusión teórica acerca de su conveniencia. Una nueva instancia implica una mayor demora en la solución de los juicios, ya demasiado lentos.
Por lo tanto, es lícito sospechar que lo realmente buscado no es agilizar los procesos, sino crear tribunales superiores a los existentes, con jueces íntegramente designados a gusto de las actuales mayorías, que puedan modificar la jurisprudencia en un sentido favorable a la autoridad política. Por otra parte, en los tribunales nacionales esa decisión sería cuanto menos de dudosa legalidad hasta tanto no concluya el proceso de traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que corresponda.
8. Todos los ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestros ingresos y patrimonios al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos. En ese sentido, es justo que también los jueces, funcionarios y empleados judiciales tributen proporcionalmente a sus ingresos. Sin embargo, la modificación que se haga en esa materia debe contemplar las transiciones necesarias para evitar la violación de la regla constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces; y debe estar unida a la garantía de que no se utilizará la persecución fiscal como herramienta de presión sobre los jueces.
9. Los mecanismos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados, y reemplazados por concursos transparentes que aseguren el acceso de los más idóneos y capacitados, y no solamente de los vinculados o conocidos. Las vacantes deben ser llenadas por los mejores, no por amiguismo, pero tampoco por el azar de un sorteo.
Lo mismo cabe esperar del acceso a la administración pública (donde los mecanismos de selección están completamente desvirtuados por la multiplicación de contratados en función de su ideología o pertenencia partidaria, y no de su idoneidad), y en el Poder Legislativo.
10. La prohibición de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado sería la reedición de medidas ya tomadas en los años ’90, para impedir o limitar el ejercicio de los derechos. Los eventuales abusos de esos institutos, no pueden ser excusa para privar a los ciudadanos de las herramientas que muchas veces son su última esperanza frente a la arbitrariedad o el abuso del poder, especialmente en un momento en que el Estado abarca cada vez más áreas de la vida económica y social. En la crisis del año 2002 fue la vigencia de las medidas cautelares y la prudencia y valentía de los jueces en su utilización, lo que permitió a miles de ciudadanos preservar sus patrimonios.+
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