Legítima justicia
Eduardo de la Serna
Esto que escribo estoy convencido que no sirve para nada. Que es inútil o ilusorio, pero mientras haya una sola pelota, “el gordito” va a seguir jugando [y que se me perdone cualquier lectura discriminatoria]. Es que no puedo entender que una ley –cualquiera que fuera- aprobada por mayoría de ambas cámaras del Poder Legislativo, aprobada y reglamentada por el Poder Ejecutivo pueda ser frenada, anulada e impedida en su funcionamiento por un juez cualunque de un lugar cualunque; y vale para la ‘Ley de Medios’ o la reforma del Poder Judicial, o cualquier otra. Especialmente con lo fácil que parece que resulta conseguir fallos adversos (o favorables, según el actor) en jueces para los que la celeridad, la imparcialidad o el desinterés no parecen figurar entre sus cualidades. Si resulta que un viaje a Miami, un ropero, un reloj o un sobre pueden torcer la opinión del juez, resulta evidente que es más económico “apuntar” a ese juez que a aceitar un buen número de diputados o senadores. Y –por supuesto- luego se titulará “la justicia frenó…” cuando favorece al aceitador, mientras que dirá “el juez Tal dijo…” cuando lo perjudica (además que nunca falta un delincuente con micrófono que dirá al aire el teléfono del juez para que sus amigos lo atosiguen a insultos). Realmente no entiendo que eso sea “JUSTICIA”. ¿No es que el Poder Judicial –en la división de poderes- debe garantizar el cumplimiento de la ley? ¿Cómo es posible que sea un instrumento para impedirla?
Sin duda que algo está mal, ¿pero cómo se puede cambiar eso si “el dueño de la pelota” es el que pone las reglas del juego? Es como si hubiera un penal a favor y “el gordito” sentenciara “¡mete gol, gana!”. En algunos países (Colombia, por ejemplo) hay un “Tribunal Constitucional”, y este es responsable de que determinadas leyes o normas tengan la garantía de ser constitucionales o no, y de darles cauce o frenarlas (en el caso de Colombia fue este Tribunal, por ejemplo, el que impidió la re-re-elección del narco-para-político Álvaro Uribe). Un Tribunal de este tipo podría –al menos- impedir que un “juez de cuarta” frene una ley con ese argumento, o que los planteos de (in) constitucionalidad se demoren eternamente y favoreciendo de ese modo a los “mandantes” o “aceitadores” o “dueños de la pelota”.
Siendo que algunos son amantes de “adjetivar” fácil (y vaya aquí mi repudio al uso liviano del adjetivo “nazi” que no hace sino volver a victimizar a tantos; muchos gurúes del establishment deberían lavar sus bocas antes de pronunciar palabras), siendo que adjetivan, a lo mejor les gustaría sentenciar que si un juez mediocre puede impedir una ley (o muchas) votada por el Congreso y aprobada por el Ejecutivo, a lo mejor eso se parezca a una “dictadura judicial”, ¿no?
Es evidente que no todo lo “legal” es “justo” [las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son un buen ejemplo], ni todo lo “justo” está “legislado”, pero sería indispensable que jueces creíbles, intachables (y con declaración pública de bienes –y viajes- por cierto) sean los responsables de garantizarlo. Un país donde la justicia tiene la última palabra, debería garantizar que la justicia sea justa. O legítima, si se quiere.
Dibujo tomado de http://desmotivaciones.es/6433718/La-peor-forma-de-injusticia
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